Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México sesionarán la próxima semana para definir la apertura del parlamento abierto sobre la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Emilio Guijosa Hernández, legislador de Morena, anunció en la conferencia "La Chilanguera" que las mesas institucionales y en territorio se realizarán del 6 al 20 de noviembre próximo.
Asimismo, precisó que el 28 de noviembre vencerá el plazo límite del parlamento abierto para la recepción formal de propuestas y observaciones.
Para facilitar la participación del público, el órgano legislativo habilitó el portal virtual congresocdmx.gob.mx/rentasjustas.
"No queremos sacar una iniciativa de ley unilateral", remarcando que el objetivo es escuchar a arrendadores, inquilinos, organizaciones sociales, vecinos, especialistas y empresarios inmobiliarios para "construir acuerdos", enfatizo Guijosa Hernández.
CALENDARIO DE MESAS TERRITORIALES EN LAS ALCALDÍAS
Como parte de la consulta, la bancada de Morena organizará seis encuentros en territorio para dialogar de forma directa con la ciudadanía en diversas demarcaciones:
• 7 de noviembre (16:00 h): Corpus Christi, en la alcaldía Cuauhtémoc.
• 14 de noviembre (16:00 h): Alcaldía Tlalpan.
• 17 de noviembre: Mesa a las 11:00 h en Venustiano Carranza y a las 16:00 h en una Utopía de Iztapalapa.
• 19 de noviembre (17:00 h): Alcaldía Azcapotzalco.
• 20 de noviembre (17:00 h): Utopía en Magdalena Contreras.
“Vamos a tener dos semanas para poderlas escuchar, para alguna propuesta, para alguna inquietud o para alguna opinión que llegasen a tener”, remarcó el diputado.
ALCANCES DEL PROYECTO Y DIAGNÓSTICO DEL ARRENDAMIENTO
La iniciativa impulsada por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, busca mitigar el incremento constante de las rentas en la capital del país, fenómeno que afirma, ha provocado el desplazamiento de familias de sus colonias y la pérdida de arraigo comunitario.
Actualmente, cerca de dos millones de personas rentan vivienda en la entidad y los hogares de menores recursos destinan hasta el 50% de sus ingresos al pago de alquiler, alejándose de la recomendación de ONU-Hábitat que fija un tope máximo de 30% para garantizar la asequibilidad.
Entre sus puntos centrales, el proyecto propone la creación de la Defensoría Inquilinaria para proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios, la apertura de un registro digital de contratos y la imposición de multas de hasta 46 mil pesos a caseros que incurran en aumentos excesivos.
Guijosa Hernández concluyó que la norma busca establecer contratos "con reglas claras, equilibrio y certeza jurídica para quien arrienda y para quien renta", al tiempo que reiteró que “la vivienda es un derecho y no un privilegio”.
Tras la recopilación de insumos, el dictamen será discutido en comisiones unidas antes de pasar al pleno.
IMCM
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