Apoya AMPI acciones del GCDMX contra corrupción inmobiliaria

Redacción

Ciudad de México.- Después de los terremotos de 2017, se destapó la corrupción inmobiliaria que ha afectado a la Ciudad de México y aunque gracias a esta tragedia fue que se pudo conocer de los atropellos en las edificaciones, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), manifestó que apoya las medidas emprendidas por el gobierno capitalino para erradicar estas prácticas anómalas, por lo que incluso dijo que estas ameritan en algunos casos que se obtengan sentencias de prisión contra los implicados. 

Para Emilio Rojas Cobián, recién presidente del organismo —asumió en este mes—, que es de los más importantes del país debido a que cuenta con más de 6 mil profesionales afiliados, manifestó en entrevista con Expansión, que una vez que se conocieron estas situaciones de irregularidad, ellos han subido el estándar de servicio y profesionalización, al tiempo que destacó que esto se realiza de la mano de las autoridades federales, estatales y municipales. 

Basta recordar que las anormalidades en este sector de bienes raíces en la capital del país datan de 2003, momento en que empezó el ahora conocido “Cártel Inmobiliario”, cuyo modus operandi fue la construcción ilícita de 27% de edificios, tanto de vivienda como de oficinas que hay en la entidad. 

Y es que los desarrolladores se beneficiaron económicamente al tener obras con más hogares de los permitido en la ley e incluso haciéndolas en espacios donde el uso de suelo original era distinto al que terminó por emplearse, por lo que evidentemente evadieron autorizaciones. 

PANISTAS INVOLUCRADOS 

Fue así que en julio del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer toda la trama de estos casos, entre las que reveló predios que estaban a nombre de personas que anteriormente se desempeñaban como servidores públicos del PAN en la alcaldía Benito Juárez. 

No obstante, pese a que desde 2003 se tiene conocimiento de estos hechos, fue a partir de 2009 que empezó un boom inmobiliario en la Benito Juárez, lo cual terminó por salir a la luz pública, luego que en agosto de 2021 se registró una explosión en un complejo habitacional ubicado en Avenida Coyoacán, por lo que tras las indagatorias de la FGJCDMX se pudo conocer este enredo de deshonestidad en el sector inmobiliario. 

El 10 de enero pasado, Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno sustituto, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal, en el cual busca tipificar con penas de 10 hasta 20 años de prisión a quienes incurran en actos de corrupción inmobiliaria. 

"Con esto modificamos el código penal adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado", abundó el morenista al precisar que su planteamiento busca adicionar el capítulo 15 en el Código Penal, especificando el delito en el artículo 276. 

Tras esto, Rojas Cobián manifestó que México requiere de organismos que estén dentro de un marco responsable no solamente en lo legal, sino en lo financiero, por lo que insistió que respalda las iniciativas de Batres Guadarrama para castigar con cárcel estos actos de corrupción. 

Según la FGJCDMX, los inmuebles que pertenecían a los funcionarios, los cuales fueron dados con facilidades de compra o como intercambios, han sido recuperados para destinarse a oficinas gubernamentales y personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

IMCM