Claudia Sheinbaum pide que se conozca el monto desviado por el ex funcionario Miguel Ángel Velázquez
Ciudad de México.- Después de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ofreciera a Miguel Ángel Vásquez ser testigo colaborador, y quien es conocido como el Zar de la nómina en la administración de Miguel Ángel Mancera; las autoridades deberían esclarecer el destino de los recursos desviados, de los que fue acusado e investigado el ex funcionario.
La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, así se pronunció tras la inauguración de una nueva sede del Consejo Ciudadano en la alcaldía Azcapotzalco.
"Entiendo que parte del tema es a qué fue destinado este recurso y a quién", mencionó la mandataria capitalina.
Asimismo, Claudia Sheinbaum dijo desconocer los detalles de las pruebas de Miguel Ángel Vasquez, quien fungió como subsecretario de capital humano en la Secretaría de Finanzas en la administración pasada.
"Obviamente es una decisión de la Fiscalía General de Justicia, que fue presentada ante el Tribunal y aceptada por el Juez. Entiendo que él, más que testigo protegido se llama criterio de oportunidad, se acoge a este criterio y presentará las pruebas que tenga que presentar, no conozco los detalles, en eso guardamos la autonomía de la Fiscalía frente a las personas en donde tienen pruebas contundentes, relacionadas con la investigación original", mencionó.
La FGJ dio a conocer ayer que Miguel Ángel Vásquez se retiró del Reclusorio Norte después de que el Ministerio Público le otorgó la figura de testigo colaborador con base en un criterio de oportunidad.
Así se permite al imputado ser un testigo colaborador, a partir de un análisis de la información que sea constatada en la investigación, con el fin de proporcionar información fehaciente en la propia indagatoria en su contra; se conoce que el ex servidor público "ha proporcionado algunos nombres y datos que ya se integran en la misma".
Con base en la investigación, los involucrados en el caso habrían actuado conjuntamente, en actos que perjudicaron la Hacienda Pública, tras realizar trámites en 2017 para adjudicar un contrato de prestación de servicios por 290 millones de pesos.
"Lo anterior, para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores de 2015 a 2017, sin que la empresa justificara las labores encomendadas, y en contravención a la normatividad aplicable".
Con información de El Heraldo de México.
