Ciudad de México.- El diputado local Aníbal Cañez Morales recriminó a López Obrador su “oscurantismo” y resistencia a la rendición de cuentas, ya que al reservar la información pública y clasificando sus obras bajo el término de “seguridad nacional”, refleja que el interés supremo de su sexenio es la opacidad y el saqueo con manto institucional, esperando que Claudia Sheinbaum no caiga en el error de avalar esta decisión arbitraria.
“Un proyecto de obra no es de interés público o de seguridad nacional porque lo diga el Presidente; la seguridad nacional no es un concepto que sea moldeable por ánimo y humor de AMLO o de Sheinbaum”.
El legislador dijo que, al verse sorprendidos con las manos en la masa, la Federación y AMLO emitieron un decretazo para que las obras faraónicas del sexenio, puedan construirse dentro de la opacidad. “Ojalá en la Ciudad de México no se contagie esa corrupción morenista”.
En la Ciudad de México, según Sheinbaum, hay muchas obras en puerta y “esas las vamos a tener muy bien fiscalizadas para que no sean corruptas como el tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía”.
“El fruto de la corrupción de este gobierno, ha llegado al límite de querer blindar la corrupción, ocultando mediante decretazos, los negocios de los cuates del Presidente como Manuel Bartlett o Florencia Serranía, esta última señalada por el accidente de la Línea 12 y accionista de construcción del Tren Maya.
Por su parte, el diputado local Federico Döring, advirtió que apoyará a la fracción del PAN en San Lázaro para promover una acción de inconstitucionalidad ante este acto autoritario de AMLO.
“No se olvide que, en su momento, el Segundo Piso se hizo violando la Ley de Obras vigente que expresamente prohibía hacer obra pública a través de un fideicomiso, como fue el FIMEVIC y supervisada por la actual regenta reservando la información”.
El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar diversas acciones en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional constituye un fraude constitucional y legal, ya que a través del citado Acuerdo Presidencial se deja sin efectos y generan excepciones a la legislación tanto general como federal aplicable.
Obrador emite un Acuerdo que no es jerárquicamente superior a la legislación, existe una violación evidente a la jerarquía normativa, la reserva de ley, el principio de legalidad, la seguridad y certeza jurídicas, todos pilares y candados que aseguran un Estado de Derecho, que se ve quebrantado con los términos del Acuerdo.
