Acusa Renac falsa inclusión para todos los grupos de la población

Foto: Cortesía

Por Israel M. Campos Montes

Ciudad de México.- Para la Red Nacional de Ciegos (Renac), asociación cuyo objetivo principal es la inclusión social de las personas con discapacidad, es urgente que los Congresos les garanticen sus derechos políticos electorales, toda vez que padecen discriminación para poder desarrollarse en todo tipo de ámbitos de la cotidianidad, al tiempo que lamentaron que no haya una real inclusión para este sector que representan.

“Consideramos que hay una distinción en cómo la Sala Superior resuelve los trámites, dado que a las mujeres y a otros grupos les dictaminan en un máximo de dos meses y a nosotros nos dan largas para garantizarnos estos reclamos como grupos vulnerables”, reprochó la Renac.

Elvis Yesermail Madariaga Santana, titular de enlace político de esta ONG, dijo que a dos años dos meses de haber surgido Renac aún se enfrentan a una “discriminación estructural” hacia su grupo, la cual no ha terminado, toda vez que persisten condiciones desventajosas en el ámbito cultural, educativo, laboral, político, entre otros.

“A razón de esto nos reunimos para crear esta organización civil, cuyo objetivo es buscar condiciones de accesibilidad en inclusión para todos aquellos que tenemos alguna discapacidad, pero en específico la visual”, contó en entrevista telefónica con Diario de México.

Madariaga Santana recordó que a lo largo de la historia de la democracia nacional, la posibilidad de acceder a los derechos político electorales para las personas con discapacidad se ha tornado casi imposible, toda vez que esto se encuentra vulnerado tanto en el derecho a votar como a ser votado, por lo que enfatizó que ellos pretenden que se les den espacios en candidaturas.

QUIEREN ESPACIOS ELECTORALES

Recriminó que las autoridades pregonen un discurso que no llevan a la acción, por lo que ejemplificó que quienes viven bajo esta condición de ceguera no son contemplados para ocupar espacios titulares en los ayuntamientos, en los congresos locales, en los consejos generales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en el Instituto Nacional Electoral (INE), en los tribunales electorales o la sala superior.

Expresó que con base en el censo de 2020, existen casi 8 millones de habitantes con discapacidad permanente y entre 12 a 13 millones con un impedimento temporal, por esta razón demandamos “el establecimiento de una cuota al momento del otorgamiento de candidaturas de los partidos”.

Agregó que para logar su cometido, han emprendido una ruta jurídica y política en todo el país, que tiene como principal objetivo lograr un cambio sustantivo y de fondo en la legislación electoral local y en cada una de las 32 entidades federativas, poniendo en marcha juicios ciudadanos en los que demandas omisión legislativa, dado que hoy en día no tienen legislaciones armonizadas con los tratados internacionales en lo respectivo a los derechos de las personas con discapacidad. 

Sostuvo que en algunos estados de la República los tribunales electorales locales han pronunciado fallos a favor, entre los que destacó a las instancias de Jalisco, Morelos San Luís Potosí y Morelos.

TIENEN SUSTENTO DE LA CORTE 

Por su parte, Ricardo Ortiz, abogado de Renac, reiteró que demandan la omisión legislativa que es una figura reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Sala Superior Electoral, cuyo objetivo es que las legislaciones electorales locales, y que preferentemente mediante cuotas reservadas, las personas con discapacidad participen en los procesos de elección a todos los niveles y de manera real a curules y ayuntamientos. 

Indicó que seguirán impulsando estas acciones hasta lograr sentencias en el mismo sentido en todo el país, al tiempo que aseveró que llevan 27 recursos de esta índole a nivel nacional.

No obstante, declaró que el problema más grande al que se enfrentan actualmente es que la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha resuelto sus recursos, los cuales se presentaron el 2 y 5 de marzo, por lo que el debate electoral que se ha anunciado en el próximo ordinario del Congreso de la Unión hace que si no les resuelven se van a quedar otra vez sin materia para el proceso comicial del año entrante y por ende, esperar más meses para saber si sus trámites tendrán repuesta.

“Vemos que esto es parte de una artimaña jurídica, y nos sentimos preocupados de que esto no se vaya a aplicar para las elecciones de 2023 y 2024”, condenó en la plática telefónica el litigante.

Ortiz también manifestó que si consiguen luz verde, México se convertirá en el primer país en el mundo, en que por obligación en sus leyes, las personas con discapacidad deban participar en la toma de decisiones públicas a todos los niveles y en todos los órdenes de gobierno.

IMCM