Asesinato de 10 alcaldes en un año expone al "eslabón más débil" del gobierno
La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México ha encendido los focos rojos del Gobierno y sus agencias de seguridad. El reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, se convirtió en el punto crítico de una trágica racha que ya suma 10 presidentes municipales asesinados en varios estados del país en los últimos 12 meses.
Según los registros oficiales, esta ola de atentados contra ediles inició el 6 de octubre de 2024, con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. Desde esa fecha, la violencia ha alcanzado a mandatarios locales en Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.
El caso que ha despertado las alarmas nacionales es el de Carlos Manzo Rodríguez (Independiente), quien fue ejecutado durante un evento público del Día de Muertos en Uruapan. Su asesinato ha generado una fuerte indignación en todo México y ha provocado protestas en Michoacán.
La preocupación se intensifica dado que, según informó el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de 2025. Su muerte, pese al esquema de seguridad, subraya la vulnerabilidad de las autoridades en ciudades como Uruapan, de 360.000 habitantes y con presencia de múltiples organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y Los Viagras.
El municipio: Eslabón más débil
En la estructura de gobierno de México (federal, estatal y municipal), los ayuntamientos enfrentan la amenaza directa del crimen organizado por el control territorial.
"(El nivel municipal) es el eslabón más débil de la estructuras de gobierno en este país", explicó a EFE Javier Oliva, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
El experto señaló que, aunque la ley es federalista, la práctica es centralista, lo que deja al municipio "con la peor parte en términos de presupuesto". Esta falta de recursos, añadió, "explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza, servicios urbanos, salud".
Donde inicia el control del crimen
Esta debilidad institucional es aprovechada por los grupos delictivos. La organización Data Cívica, en su reporte 'Votar entre Balas', concluye que "el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado". Las cifras lo respaldan: casi el 80% de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel.
Javier Oliva, especialista en Seguridad Nacional, coincide con este diagnóstico. Subrayó que los alcaldes están altamente expuestos al ser los responsables directos de la seguridad y que, análogamente, "las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad".
El caso de Michoacán es paradigmático. Según Data Cívica, en lo que va de 2025, el estado ha registrado 25 ataques contra personas del ámbito político; el 88% de ellos fueron dirigidos a cargos de nivel municipal.
Un mensaje de "impunidad y desafío"
Para el especialista de la UNAM, el asesinato de Carlos Manzo envía un mensaje de "impunidad y desafío" al Gobierno, y evidencia "la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales".
Oliva advirtió que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también se han visto gravemente afectados por la actividad criminal en años recientes.
Finalmente, el experto lamentó que la estrategia federal parezca ignorar la raíz del problema. Criticó que entre los cuatro puntos del "Plan Michoacán", presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia, "no viene uno solo punto donde señale el desmantelamiento de actividades criminales".
