Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que la investigación y detención de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, responda a una persecución política motivada por sus ideales o filiación partidista.
El organismo aseguró que el proceso se conduce con estricto apego a derecho y que la situación jurídica del imputado deriva de su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Hasta el momento, la fiscalía dice haber integrado 96 datos de prueba que sustentan las acusaciones contra el político panista.
Entre los elementos más relevantes destacan:
• Dictámenes periciales en química: Para establecer la naturaleza de los hidrocarburos asegurados, como gasolina o diesel.
• Dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica: Con el fin de determinar la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes de combustible efectivamente trasladados.
• Análisis de criminalística y fotografía: Orientados a la preservación y documentación técnica de los indicios localizados durante los actos de investigación.
• Origen de la investigación: El caso Ingemar Las pesquisas iniciaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo para la seguridad industrial.
RED DE LOGÍSTICA EN SLP Y NUEVO LAREDO
Al ampliar la investigación, las autoridades identificaron una red logística con presencia en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se importaba combustible bajo esquemas irregulares, declarando únicamente el 10 por ciento de la carga real.
Esta operación logística señaló a la empresa Ingemar S.A. de C.V. como la principal importadora.
De acuerdo con los registros corporativos, Ruffo Appel se integró a la sociedad en octubre de 2018 y, para 2021, ya participaba como accionista y Secretario del Consejo de Administración.
La FGR sostiene que el exgobernador intervenía directamente en la toma de decisiones estratégicas, representación legal y gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras.
IMPACTO FINANCIERO Y SITUACIÓN LEGAL
La fiscalía detalló que, si bien actualmente se imputa un perjuicio fiscal de 100 millones de pesos por 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, el daño patrimonial a la nación podría ser significativamente mayor.
Tras cruzar información con el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas, se detectaron más de cuatro mil operaciones irregulares que podrían elevar el monto del daño a más de 4 mil millones de pesos.
Debido a que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, Ernesto "N" permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, donde continuará su proceso judicial.
IMCM
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