El Senado elimina requisito de antecedentes penales en leyes laborales
Ciudad de México.- En una histórica sesión celebrada el 10 de octubre de 2023, el Senado de la República de México aprobó por unanimidad, con 69 votos a favor, una importante reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíbe la solicitud de la carta de antecedentes no penales como requisito para el empleo. Esta decisión se tomó con el objetivo de combatir la discriminación en el ámbito laboral y brindar una verdadera oportunidad de reinserción social a quienes hayan tenido un pasado penal.
El proyecto de ley, que fue aprobado de manera contundente, prohíbe a los empleadores y sus representantes negarse a contratar a trabajadores basándose en su historial penal. Esta medida busca eliminar la discriminación en el proceso de selección de personal, independientemente de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expresó la importancia de esta reforma al afirmar que busca proporcionar oportunidades de empleo dignas a quienes han cometido delitos en el pasado. Resaltó que las personas que salen de prisión a menudo enfrentan dificultades para acceder a empleos de calidad, lo que puede llevar a la reincidencia delictiva. La eliminación de la carta de antecedentes no penales pretende cambiar esta situación y fomentar la reinserción social.
El proyecto de ley también contempla excepciones, como la posibilidad de solicitar antecedentes penales en el caso de empleo en instituciones de seguridad pública o privada. Además, refuerza los principios de no discriminación en las dependencias públicas.
Además de esta histórica reforma, durante la misma sesión, los legisladores aprobaron otras medidas significativas. Con 77 votos a favor, se aprobó un dictamen que permitirá a los campesinos acceder al seguro social, brindándoles un importante respaldo en términos de seguridad social. También se aprobó un proyecto destinado a establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, promoviendo la igualdad y la no discriminación en la legislación mexicana. Estas decisiones representan avances significativos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa en México.
