Crisis de desaparecidos en México: Familias exigen pasar de la gestión de cifras a la justicia real
Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, colectivos y familias de víctimas alzaron la voz en un país que hoy acumula una dolorosa cifra: más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas. La exigencia central al Estado mexicano es clara y contundente: dejar de "administrar la crisis" para enfocarse en erradicarla de raíz.
Las demandas de los familiares se concentran en cuatro pilares urgentes e irrenunciables: prevención, búsqueda, identificación humana y justicia.
“No basta con cifras, registros, folios y protocolos”, advirtió con firmeza el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), señalando que las familias necesitan respuestas humanas y operativas, no solo burocracia.
El reclamo de las familias: "Un expediente no sustituye una investigación"
Aunque el MNDM —que agrupa a decenas de colectivos y familias de víctimas— reconoce que México cuenta actualmente con un robusto marco jurídico e institucional, recuerda que este ha sido un logro impulsado y defendido durante años por los propios familiares. Sin embargo, la existencia de leyes no ha garantizado la justicia, y el movimiento reclama que estas herramientas se traduzcan de una vez por todas en resultados tangibles.
La organización resumió el vacío de la respuesta estatal en una crítica estructural:
Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”.
Este reclamo coincide con el reciente anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum, que presentó un plan compuesto por diez acciones prioritarias para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda. Entre las medidas prometidas destacan:
- Garantizar que cada reporte de desaparición cuente de inmediato con una carpeta de investigación activa.
- Ampliar el espectro de búsquedas físicas en hospitales y centros penitenciarios.
- Implementar un plan emergente de identificación humana con el fin de disminuir el grave rezago forense que afecta al país.
En paralelo, las autoridades de la administración informaron sobre la detección de 40 mil 628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas que registraron trámites o actividades oficiales con posterioridad a la fecha de su reporte de desaparición. De este universo analizado, detallaron que 6 mil 939 personas ya cuentan con un reporte formal de localización.
Alertas internacionales e impunidad sistemática
La alarmante situación que enfrenta México ha encendido de forma reiterada las alertas de la comunidad internacional. El movimiento civil recordó que, en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe exhaustivo sobre el panorama de las desapariciones en el país [3]. Este documento emitió 40 recomendaciones críticas al Estado, advirtiendo sobre:
- La fragmentación sistemática de las investigaciones judiciales.
- Los alarmantes niveles de impunidad que impiden el avance de los casos.
- La severidad del rezago en la identificación forense.
- Los graves e inminentes riesgos de seguridad que asumen las familias al realizar labores de búsqueda.
A esto se suma la resolución emitida en marzo por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la cual se activó bajo el artículo 34 de la Convención. Dicho mecanismo se reserva exclusivamente para contextos de extrema gravedad donde existen indicios de desapariciones forzadas practicadas de forma generalizada o sistemática.
Aunque el Gobierno de México ha rechazado categóricamente que exista una política de Estado orientada a la desaparición forzada y ha manifestado dudas sobre la aplicación de este procedimiento de la ONU, sostiene que mantiene su total disposición a colaborar activamente con los organismos de derechos humanos internacionales.
Buscar a un hijo no debe costar la vida: La violencia contra las familias buscadoras
La falta de protección del Estado no solo se mide en la impunidad de los expedientes, sino en el peligro físico directo al que se exponen quienes buscan a sus seres queridos. La urgencia de proveer garantías de seguridad reales quedó trágicamente demostrada el sábado previo al pronunciamiento, cuando Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del reconocido colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba acompañada por una de sus hijas.
Este atentado provocó la indignación y la condena unánime de los colectivos a nivel nacional, quienes exigieron una investigación pronta, exhaustiva y totalmente imparcial de los hechos.
Buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a quienes la realizan a nuevas violencias”, sentenció con urgencia el MNDM.
Frente al avance de la violencia y la frialdad de las estadísticas de las instituciones gubernamentales, el movimiento de familiares cerró su pronunciamiento con una consigna que sintetiza la esencia de su lucha histórica:
No buscamos cifras. Buscamos personas”.
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