Ciudad de México.- Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dijo no recordar haber firmado el oficio, mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, esto en su declaración ante el Ministerio Público.
“Después de que se me puso a la vista copia simple del documento titulado ‘Papel certificado fiduciario de Segalmex’, del 6 de febrero de 2020, en el cual se observa en la parte final (…) la autorización para la compra de papel certificado bursátil fiduciario, con cupón de seis meses, a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual de 11%, así como de las inversiones a corto y mediano plazo, en las que la empresa obtenga rendimientos favorables; y posterior a ello, se observa la firma de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como solicitante, y mi supuesta firma de autorización, en mi carácter de director general de Segalmex. Al respecto, deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento (en) el cual aparece mi supuesta firma”, dijo en su declaración el pasado 1 de abril.
Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex sin mayor explicación y fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario dijo que no podía reconocer la autenticidad de su firma porque no le estaban presentando el oficio original, sino una copia, por lo que "no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla (…) y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”.
Después dijo que, suponiendo que hubiera firmado el oficio, no pudo haberse dado cuenta de la relevancia de su contenido, porque solía signar numerosos documentos a diario y no revisaba todos, justificó, para eso estaban “las direcciones generales”.
“Ahora bien, en caso de que dicho documento, si lo hubiera firmado, éste pudo haber sido introducido entre un conglomerado de documentos que firmo a diario, y que por su volumen no me es posible leer a detalle cada uno de ellos, pues para eso se establecen las direcciones generales a las que les corresponde la revisión exhaustiva de los temas especializados, y de los cuales me dan cuenta mediante acuerdo. Por lo que, reitero, no recuerdo que se me haya informado del tema, y mucho menos que lo haya autorizado en esas condiciones, debido al riesgo que implica la inversión bursátil”, aseguró.
Ovalle - que en el sexenio de Carlos Salinas fue director de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)- reconoció que la ruta legal para autorizar las inversiones bursátiles era someter la propuesta a consideración del Consejo de Administración y no la firma del oficio que finalmente suscribió.
“Tampoco recuerdo haber tenido un acuerdo sobre ese tema (de las inversiones) con René Gavira Segreste, ya que, por la trascendencia del monto que sería motivo de inversión, lo hubiera llevado como acuerdo ante el Consejo de Administración de Segalmex; esto, debido a que todos los asuntos relevantes de la dependencia que represento, los presento ante el Consejo para su aprobación”, comentó.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la Fiscalía General de la República (FGR), denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
Dicha acusación no solamente señala que dichas inversiones fueron ilícitas, sino que, se denunció el “extravío” de 10.6 millones de pesos en rendimientos que no se depositaron a las cuentas institucionales.
Del total del monto invertido, 850 millones de pesos fueron tomados del presupuesto de Liconsa y los 100 millones restant del de Segalmex, ambas instituciones dirigidas por Ovalle.
La ASF concluyó que las operaciones bursátiles violaron los “lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues ambas instituciones perdieron el control directo sobre el dinero invertido.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento de autorización firmado por Ovalle.
Con información de La Razón y Animal Político
