Sheinbaum urge a Grupo México limpieza y reparación del río Sonora
Por Noemí López
Ciudad de México. – Esta mañana, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a exigir a Grupo México que cumpla con los compromisos asumidos tras el derrame tóxico de 2014, que afectó al Río Sonora y al afluente Río Bacanuchi.
“Hemos estado muy insistentes con Grupo México para que se cumpla lo original que le prometieron a las comunidades para la limpieza del río Sonora y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes”, dijo.
El llamado de la mandataria se da en un contexto donde, según el gobierno federal, aún continúa la mesa de negociación con la empresa —en la que participan autoridades de la federación, del estado de Sonora y sectores ambientales—, con la finalidad de acordar una reparación integral del daño.
DESASTRE ECOLÓGICO CON MÁS DE 10 AÑOS
El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, vertió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, mismo que desemboca en los ríos Bacanuchi y Sonora.
El desastre afectó directamente a al menos 22 mil personas de ocho municipios sonorenses. Las consecuencias incluyeron contaminación del agua, suelo y ecosistemas; pérdida de acceso al agua potable; daños en actividades agrícolas y ganaderas; y graves afectaciones a la salud de pobladores por exposición a metales pesados.
Durante años, comunidades y organizaciones denunciaron que las promesas de remediación —potabilizadoras, atención médica, hospitales, laboratorios, monitoreo epidemiológico y reparación ambiental— quedaron incumplidas.
MESA DE TRABAJO CON LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
Desde el presente año, el gobierno federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha reactivado el proceso de reparación. Se estableció una mesa de trabajo con Grupo México para negociar los pendientes: instalación de plantas potabilizadoras, construcción de hospitales, laboratorios, seguimiento epidemiológico, medición permanente de calidad del agua, entre otros.
No obstante, a la fecha la Presidencia reconoce que “no hay un acuerdo que se pueda mostrar a la población”. Además, aunque existe una demanda penal vigente —iniciada en gestiones pasadas con el objetivo de alcanzar un convenio que garantice reparación ambiental y sanitaria, antes que castigos ejemplares.
Por su parte, los afectados siguen denunciando presencia de metales pesados, agua contaminada, enfermedades crónicas y abandono: familias que perdieron sus tierras, ganados, fuentes de agua, trabajo y salud.
