Redacción
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que detectó que una empresa de familiar de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que dirigía Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013-2015 cuando él era procurador General de la República (PGR).
Ante ello, se habría configurado el delito de tráfico de influencias y lavado de dinero, y la UIF por ello presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el exprocurador, quien está preso en el Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa.
Mediante una tarjeta informativa, la dependencia encabezada por Pablo Gómez Álvarez informó que detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero mediante una empresa familiar, en la que supuestamente destacan como socios él, sus hijos, un sobrino y su yerno.
“En esas condiciones (…) con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar (…) resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, apunta.
Según la Uif, la empresa, de la cual se omite nombre y razón social, obtuvo entre 2013-2015 licitaciones de la SCT, y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció en abril de 2020.
Por lo que, para la UIF posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa (…) obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (…) por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, expuso.
Además, identificó que, en 2017, Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Y en el periodo de 2020 a 2021 presuntamente envió al extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
Asimismo, la UIF acotó que la empresa familiar de Murillo Karam presentó diversas irregularidades en su forma de creación, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
El pasado 19 de agosto, un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reveló que 33 exfuncionarios estuvieron implicados en el asesinato de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, la FGR libró una orden de aprehensión contra Murillo Karam.
El exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.
