Ciudad de México.- Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el pasado 25 de abril el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por ser inconstitucional, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), señaló que sigue siendo necesaria una legislación que proteja los datos personales de los ciudadanos y regule el descontrol en la venta de chips de telefonía móvil que son utilizados para cometer delitos, entre ellos las extorsiones.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 el país registró una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, un incremento de 12.3% respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 8 mil 380 afectados.
Zacatecas es donde más extorsiones se registraron con 27.8% del total, seguida de Guanajuato (26%), Quintana Roo (22%), Tabasco (21%) y Ciudad de México (20%).
Sapién Santos argumentó que actualmente se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para cometer un secuestro, mientras que las extorsiones provienen de más de 220 mil números telefónicos de los que se desconoce su identidad.
“Es necesaria la venta regulada de chips para combatir el crimen y el cobro de derecho de piso en México”, sostuvo.
SUGIEREN FORTALECER AL INAI
Consideró que el gobierno federal puede insistir con el tema presentando una nueva iniciativa al Congreso, pero en esta ocasión que garantice la protección de la base de datos, misma que, propuso, podría operar el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al tiempo que sugirió instalar un grupo multidisciplinario con expertos para redactar la nueva iniciativa.
El CNSP es la agrupación más importante de empresarios de seguridad en México, con interlocutor nacional con las autoridades locales, federales y legislativas. De ahí la importancia de su posicionamiento.
De acuerdo con el especialista, el gobierno federal tiene las herramientas para detener esta situación dentro de los penales y no lo ha hecho, al aseverar que hay personas dentro de las cárceles que pueden llegar a tener más de 30 chips.
“Se tiene que elaborar una nueva reforma a estos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión cuidado los puntos sobre los que versa la declaración de inconstitucionalidad que emitió la SCJN, garantizando la seguridad de los datos biométricos que se recaben", apuntó.
IMCM
