La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló que se ha abierto una carpeta de investigación por denuncia, con la finalidad de comprobar que se ha realizado una concentración ilícita en el mercado de las gasolinas y el diésel.

Mediante un comunicado oficial, la institución dio a conocer que se dio inició con dicha investigación y explicó que se ha considerado que se han realizado conductas anticompetitivas, al aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos, desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.

De comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer sanciones como: demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos, así como multas hasta del 8.0 por ciento de los ingresos del agente económico.

Señaló que a partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel buscan esquemas para lograr economías de escala por lo que, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o “alianzas comerciales”.

Aclaró que estas operaciones, en donde el objetivo es reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística o ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas.

Por ello, el organismo recomendó a los agentes económicos de este sector notificar de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles.

Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización, entre otras sanciones, detalló.

Recordó que este procedimiento de investigación, que inició el 6 de septiembre de 2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, debido a que no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.

La Autoridad Investigadora apuntó que, de conformidad con Ley Federal de Competencia Económica, el o los agentes económicos investigados pueden acogerse, por una sola ocasión, al beneficio de dispensa o reducción del importe

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