Por Danilo Díazgranados
Tiene diez días en el poder y ya se ha hecho sentir con la andanada de órdenes ejecutivas que, en todas direcciones, ha lanzado Joe Biden en su estreno como presidente de Estados Unidos.
Los medios de comunicación han destacado que Biden está planificando aprobar más de 53 órdenes ejecutivas. Durante su primera tarde en la Casa Blanca, entre los anuncios estaban la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México, el regreso al Tratado de París contra el cambio Climático, la abrogación de la prohibición de entrada en Estados Unidos de los ciudadanos de once países musulmanes, Venezuela y Corea del Norte, el retorno a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la obligatoriedad de llevar mascarillas en edificios y terrenos propiedad del Estado federal.
Pero allí no queda todo. Según se ha anunciado, en el transcurso de los próximos días, el presidente recién designado firmará una nueva orden ejecutiva en la cual las empresas y productos estadounidenses tendrán prioridad en los contratos con el gobierno federal, hecho que se ha catalogado como un apoyo al plan “Made in America”, tan frecuentemente anunciado por su antecesor, Donald Trump.
No obstante, algunas diferencias son notorias. Entre ellas, y si se quiere la más importante, es que la administración Trump, más que favorecer la compra y consumo de productos de factura norteamericana, emprendió una guerra comercial con China, la cual le trajo no pocos dolores de cabeza, entre ellos el encarecimiento de una importante cantidad de rubros. Sin embargo, existen normas a través de las cuales se exige a las autoridades dar prioridad a lo hecho en Estados Unidos, algunas de ellas datan desde 1933.
Pero según lo han aclarado altos funcionarios de la Casa Blanca, la orden que impartirá Biden tiene como finalidad dar un importante y necesario impulso a la producción nacional y salvar cientos de miles de empleos a través de la inversión en las empresas manufactureras y sus trabajadores.
Con la próxima orden ejecutiva, el actual mandatario estadounidense busca reforzar las normas de adquisición de productos estadounidenses. De igual manera intenta reforzar la cadena de suministro y que las compras públicas, que representan cerca de 600.000 millones de dólares, se dirijan hacia las empresas en ese país. También se facilitará que las nuevas industrias, incluidas las pymes, participen en licitaciones.
A lo anterior, algunas de las empresas ya advirtieron que “unas normas demasiado restrictivas podrían provocar un aumento de los costos, lo que dificultará la compra de piezas fabricadas fuera de Estados Unidos”.
Proteccionismo o no, a la larga la medida traerá algunas implicaciones de carácter económico, cuyos resultados, buenos o no, los observaremos con el transcurrir del tiempo.
