Aprueban en comisiones del Senado leyes en materia de seguridad e inteligencia
Redacción
Ciudad de México. - Las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron dos dictámenes, uno crea una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otro expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue avalada con seis votos a favor y dos en contra en la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, y con diez votos a favor y dos en contra en la Comisión de Estudios Legislativos, que encabeza el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Respecto al dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se registraron siete votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Seguridad Pública, así como nueve votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Estudios Legislativos.
Durante la discusión, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como eje rector de la seguridad en el país. Recordó que el sistema penal mexicano, desde sus orígenes, no incorporaba el uso de inteligencia, pero “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.
“Estamos inmersos en factores de geopolítica, por eso debemos entender los avances que podamos incluir para atender los temas que más demanda el pueblo de México: paz y seguridad”, comentó.
Añadió que la segunda minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y las amenazas, y busca establecer un sistema de inteligencia basado en principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
El dictamen que crea esta ley tiene como objetivo regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así como establecer mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Define al SNSP como el conjunto articulado de relaciones funcionales, normas, instituciones, estructuras, programas y servicios destinados a cumplir con los fines de la seguridad pública establecidos en la Constitución.
Las instituciones del sistema deberán promover la participación social mediante el diseño e implementación de mecanismos que fortalezcan las políticas y acciones en esta materia.
La ley distribuye competencias específicas entre Federación, entidades federativas y municipios para el ejercicio concurrente de la función de seguridad pública, con el fin de garantizar una coordinación eficiente y responsable.
Asimismo, contempla la profesionalización del personal policial y el fortalecimiento del servicio profesional de carrera.
El sistema estará integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete Federal de Seguridad Pública, las conferencias nacionales de Procuración de Justicia, Secretarías de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, además de las mesas de paz, consejos locales y el Secretariado Ejecutivo.
Se establece la creación de las mesas de paz como instancias de coordinación ejecutiva inmediata entre instituciones locales.
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
El segundo dictamen busca regular la integración y operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación entre las instituciones que lo conforman, con el fin de prevenir, investigar y perseguir delitos y sus causas.
Define dicho sistema como un mecanismo de coordinación que contribuirá a la seguridad nacional y a la pacificación del país, en apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos.
El sistema se regirá por principios como legalidad, profesionalismo, cooperación, eficacia, proporcionalidad, confidencialidad y respeto a la dignidad. Se orientará además por valores como el humanismo mexicano, el federalismo cooperativo y el patriotismo.
Entre sus objetivos está aprovechar herramientas tecnológicas y científicas para procesar información de registros administrativos y bases de datos, así como desarrollar productos de inteligencia mediante análisis criminal.
También se contempla una plataforma nacional de inteligencia, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), interconectada con los sistemas de las instituciones de seguridad pública del país y otros entes públicos.
El sistema estará conformado por un Consejo Nacional, una Secretaría coordinadora y el CNI como operador. Además, se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que usará la Plataforma Central de Inteligencia y contará con agentes analistas e investigadores certificados.
Cuando existan elementos suficientes, estos agentes pondrán la información obtenida a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración a las carpetas de investigación.
El dictamen indica que todas las autoridades del Estado mexicano, así como los particulares con sistemas de inteligencia o bases de datos, deberán colaborar con el Sistema Nacional bajo lo previsto en la ley.
Asimismo, se incluyen definiciones sobre el Sistema Nacional de Información, Plataforma Única de Identidad, criterios técnicos, análisis criminal y productos de inteligencia.
En el régimen transitorio, se establece que la Plataforma Central de Inteligencia deberá estar en funcionamiento completo en un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley.
Posturas encontradas entre legisladores
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre el riesgo de vulnerar derechos: “Estamos a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, porque invade la privacidad y atenta contra las libertades”.
En el mismo sentido, el senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, adelantó que su bancada votará a favor del primer dictamen, ya que refuerza el federalismo y mejora la coordinación intergubernamental, pero rechazará el segundo por representar un modelo de vigilancia sin controles.
Por su parte, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, defendió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como un instrumento que se adecua a las problemáticas actuales y a una estrategia progresista basada en el uso de la inteligencia para prevenir delitos.
Tras su aprobación, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath instruyó remitir los dictámenes a la Mesa Directiva del Senado para continuar con el trámite legislativo.
