Caso Ayotzinapa: 11 años después, sigue la deuda de justicia y verdad en México
Por Noemí López
Han pasado 11 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos, tres más asesinados y uno gravemente herido. El caso ha marcado a México y el mundo por la brutalidad de los hechos y por las irregularidades en las investigaciones oficiales.
Hoy en día, bajo la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” los padres y madres de los jóvenes desaparecidos siguen exigiendo justicia, así como que se conozca el paradero de sus hijos.
La noche de Iguala
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural fue atacado por policías municipales en colusión con el crimen organizado. Desde entonces, el paradero de los jóvenes sigue sin conocerse.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ–Ayotzinapa), impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para la resolución del caso, calificó lo ocurrido en Iguala como “crimen de estado”, a pesar de que la demanda había realizado previamente por los padres de los desaparecidos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y activistas debido a la evidente participación de distintos actores e instituciones del gobierno en el crimen.
Según los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), creado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar asistencia a la investigación; además de la participación de la policía municipal de Iguala y Cocula, se tiene comprobada la participación del 27° Batallón de Infantería en Iguala, señalado de vigilar los movimientos de los estudiantes antes y durante los ataques.
Por otro lado, se ha señalado a la Procuraduría General de la República y a su titular en ese entonces, Jesús Murillo Karam de sembrar evidencias, alterar las escenas del crimen y recurrir a la tortura para fabricar declaraciones en lo que fue la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, en 2014.
Murillo Karan fue detenido en 2022 bajo los delitos de tortura, y crímenes contra la administración de la justicia; en 2024 un tribunal de justicia le concedió prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
En el VI y último informe del GIEI en 2023, se hace un análisis que destaca la participación de la Secretaría de Defensa en el ocultamiento de información importante para esclarecer el hecho, entre esto, la negativa de proporcionar documentos clave como transcripciones de interceptaciones telefónicas de Guerreros Unidos (cártel involucrado en la desaparición de los jóvenes), que contenían información relevante sobre el destino de los jóvenes y la participación de otros actores.
Exigencias no escuchadas
A la fecha, los padres y madres de los desaparecidos exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo la entrega de 800 documentos internos del Ejército que contendrían información de inteligencia militar relacionada con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
En 2023, el GIEI se separó del caso alegando falta de cooperación por parte de autoridades, en especial de las fuerzas armadas.
A once años el caso sigue siendo una herida abierta para México, símbolo de la impunidad y de la colusión entre autoridades y crimen organizado. Pese a los avances en las investigaciones y el reconocimiento oficial de que se trató de un crimen de Estado, la falta de acceso a información clave, mantiene en la incertidumbre a las familias.
La exigencia de justicia y verdad continúa más vigente que nunca, recordando que mientras no se conozca el paradero de los estudiantes, el caso Ayotzinapa seguirá siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
