Congreso de Chihuahua aprueba iniciar juicio político contra Javier Corral

Ciudad de México.- La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua aprobó ayer la solicitud de iniciar un procedimiento de juicio político contra el exgobernador del estado, Javier Corral Jurado, por supuestas irregularidades durante su mandato.

El juicio político en contra del exmandatario fue planteado por el abogado Gerardo Cortinas Murra y cumple con lo estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al contar con los elementos de prueba suficientes para el inicio del procedimiento.

El presidente de la Comisión, Gabriel Ángel García Cantú, aseguró que Javier Corral será notificado del juicio político en su contra para que prepare su defensa, por lo que el exgobernador de Chihuahua deberá responder por escrito y ofrecer pruebas a su favor en un plazo de 10 días posteriores de recibir la notificación del Congreso estatal.

De no contestar por escrito en el término establecido, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia y perderá su derecho para ofrecer elementos probatorios, de acuerdo a lo planteado en la propia Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado”, informó el Congreso en un comunicado.

García Cantú resaltó que la Comisión realiza una labor responsable y recordó que cualquier ciudadano puede interponer denuncia o queja en contra de algún funcionario que incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

Los legisladores locales también acordaron dar 30 días de prórroga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que entregue información relativa al desglose de los viáticos ejercidos por la administración de Corral.

Corral es acusado principalmente del incumplimiento al plan de austeridad e irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a la atención de Covid-19.

Por el proceso en su contra, Javier Corral acusó a Maru Campos, actual gobernadora de la entidad, de “ordenar a sus lacayos” que abrieran un juicio político en su contra y aseguró que se trata de una “acción distractora” ante la violencia en la entidad.

Es absolutamente improcedente, inconstitucional. Pero la consigna es del tamaño de la indignidad. A falta de causas o conductas que me puedan ser realmente reprochables, escogen la politiquería para continuar con el linchamiento mediático, obviamente patrocinado con recursos públicos, para tratar de ocultar momentáneamente su incompetencia y la corrupción que los circunda”, acusó en redes sociales en junio.