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Denuncia Clara Luz Flores ante la FGR a Samuel García y Adrián de la Garza

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La denuncia fue presentada ante la FGR en medio de la tensión política entre los principales actores de Nuevo León

En el acto, la dirigente estatal sostuvo que ambos gobernantes “representan exactamente lo mismo delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para intereses particulares” (Foto: Especial)
En el acto, la dirigente estatal sostuvo que ambos gobernantes “representan exactamente lo mismo delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para intereses particulares” (Foto: Especial)

Ciudad de México.- Clara Luz Flores Carrales, coordinadora en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León y eventual aspirante a la gubernatura de la entidad, acudió a las instalaciones centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para interponer dos denuncias penales formalizadas contra Samuel García Sepúlveda (MC), gobernador de Nuevo León, y Adrián de la Garza Santos (PRI), presidente municipal de Monterrey.

Durante su arribo y posterior rueda de prensa a la salida de la representación social federal, Flores Carrales estuvo acompañada por una comitiva partidista integrada por el senador y delegado de Morena en la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, así como legisladores locales de Morena de Nuevo León, quienes presentaron una ampliación a las denuncias promovidas.

En el acto, la dirigente estatal sostuvo que ambos gobernantes “representan exactamente lo mismo delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para intereses particulares”.

PRIMERA DENUNCIA: RED DE TRIANGULACIÓN Y CONTRATOS OPACOS

La primera acción penal interpuesta se dirige en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre Samuel Orlando García Mascorro, así como de quienes resulten responsables. 

Los delitos imputados comprenden delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita

De acuerdo con lo expuesto en el expediente, investigaciones señalan la existencia de una presunta red de empresas proveedoras del gobierno estatal a través de la cual se habrían triangulado fondos públicos hacia un despacho jurídico vinculado directamente con el mandatario y su entorno familiar.

Los señalamientos abarcan operaciones financieras irregulares por montos que se estiman en más de mil millones de pesos por el uso de recursos de procedencia ilícita, esquemas globales de triangulación calculados en torno a los 7 mil 200 millones de pesos, y observaciones específicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que identificaron transferencias por 928.1 millones de pesos dirigidas a despachos vinculados al caso. 

Dicha querella se suma a las acciones legales previas presentadas por Flores Carrales en mayo pasado ante instancias federales y a la denuncia promovida en septiembre pasado ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

ACUERDOS CON FIRMAS SANCIONADAS POR EU

Asimismo, la denuncia integra hallazgos sobre la celebración de contratos gubernamentales por 110 millones de pesos firmados con empresas que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus probables nexos con el crimen organizado.

Durante su mensaje, Clara Luz Flores cuestionó de forma directa el argumento vertido por García Sepúlveda en su contestación al procedimiento de juicio político promovido en el Congreso local, donde el mandatario alegó que al pagar a un proveedor privado los fondos pierden su naturaleza pública.

 No, señor gobernador, los recursos públicos no dejan de ser sujetos de escrutinio por el simple hecho de pasar por una cuenta privada, nadie puede ocultar una transferencia para ocultar el origen del destino o los beneficiarios del dinero del pueblo de Nuevo León”, sostuvo la coordinadora de la Cuatroté.

SEGUNDA DENUNCIA: CONTRATO DE NEXT ENERGY Y QUEBRANTO

La segunda querella penal fue radicada contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y contra Jovita Morín Flores, excontralora municipal y miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN). 

La acusación contempla los delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

Este expediente se centra en las irregularidades detectadas en torno al contrato asignado a la empresa Next Energy para el desarrollo de un parque solar. 

Según lo asentado en el documento entregado a la FGR, dicho convenio comercial generó un daño y afectación económica directa al erario del ayuntamiento regiomontano por un monto de 7 mil 370 millones de pesos.

“Presentamos dos denuncias penales contra quienes resulten responsables, porque presuntamente habrían utilizado el poder público para beneficiar intereses particulares y comprometer los recursos de los nuevo leoneses”, resumió.

SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA A ORGANISMOS TÉCNICOS

Por la complejidad de los movimientos patrimoniales acusados, Clara Luz Flores requirió la intervención formal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de reconstruir las rutas del dinero, mapear las cuentas involucradas e identificar a los beneficiarios finales de las transferencias.

“Es indispensable investigar si existieron conflictos de intereses, si hubo tráfico de influencias, favorecimiento indebido de determinadas empresas, identificar quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos, verificar si los servicios efectivamente se prestaron, si las empresas involucradas contaban con los permisos y autorizaciones correspondientes y si se pagaron e iban bajo un avance de obra, ese avance de obra, quien lo fundamentó y quién lo justificó”, manifestó Flores Carrales.

En el cierre de su intervención, rechazó que las acusaciones constituyan una persecución política y enfatizó la necesidad de transparentar la administración de los caudales públicos en el estado.

“El servicio público no es un negocio personal. Los recursos públicos no son patrimonio de una familia y de los cargos de elección popular, no son licencias para hacer negocios desde el poder. Nuestra exigencia es muy clara: justicia para Nuevo León y seguir la ruta de los recursos públicos”, aseveró.

Y, finalmente, agregó que la ciudadanía debe conocer el destino real de las contribuciones: “No estamos prejuzgando, exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes, que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se siga cada peso y cada persona que resulte responsable que responda ante la ley, porque el dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia en Nuevo León”.

“Nos quisieron vender a todos la idea de que lo mejor para Nuevo León era lo nuevo, pero nos dimos cuenta de algo: ni lo nuevo, nuevo, ni lo viejo, viejo, ha funcionado”, remarcó, al tiempo que apuntó que señalando que ambas fuerzas políticas parecen competir para “ver quién es más innovador en cómo robar más o cómo justificarse más”.

IMCM

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Sobre el autor

Israel Campos Montes