EFE
Ciudad de México.- El Gobierno de México se comprometió a adecuar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que así lo exige.
"El Estado Mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones", expuso el Ejecutivo en un comunicado, en el que se dio por enterado del contenido de la resolución judicial.
La sentencia hace referencia a las violaciones del debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados del asesinato en 2001 de la regidora del municipio Atizapán, Estado de México, María de los Ángeles Tamés.
García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos.
En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo pasado un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, instó al Estado mexicano a reformar ambas figuras legales para así cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le otorgó un año para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, que ordena el pago de indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.
A finales de 2022, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron proyectos para eliminar la figura legal, proceso al que el presidente Andrés Manuel López Obrador se opuso. Finalmente, la SCJN no eliminó la prisión preventiva oficiosa, pero sí acotó su aplicación.
