México exige 41.1 mdd a empresa inglesa por fraude en compra de ventiladores
Por Noemí López
Ciudad de México. Esta mañana, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez informó que el gobierno mexicano exige 41.1 millones de dólares (más intereses) a la empresa inglesa Viva Enterprises Limited por el incumplimiento de entrega de ventiladores solicitados durante la pandemia de Covid-19.
Buenrostro, añadió que el contrato firmado por el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi, hoy IMSS Bienestar) contemplaba la compra de mil ventiladores modelo AEON VG70, por un monto equivalente a mil 416 millones de pesos, con el pago anticipado al 100 por ciento.
La empresa entregó apenas 50 equipos, devolvió el dinero correspondiente a otros 300, pero dejó pendientes 650 ventiladores, lo que motivó la demanda ante tribunales del Reino Unido bajo jurisdicción inglesa, para reclamar los 41.1 millones de dólares.
“Hubo incumplimiento, hay un engaño por parte del vendedor… es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega”, dijo Buenrostro.
La audiencia previa está programada para diciembre de 2025, y el juicio iniciaría en enero de 2026 con una duración estimada de 14 días.
TAMBIEN VAN CONTRA PHILIPS
Adicionalmente, la secretaria reveló que exige responsabilidades a la multinacional Philips, por equipos cuya comercialización continuó luego de perder el permiso de uso de emergencia.
Philips continuó comercializando el modelo de ventiladores E30, originalmente adquiridos bajo condiciones de emergencia, incluso después de que expiró el permiso de uso de emergencia, y pese a que la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta sobre el dispositivo.
Los ventiladores habían sido distribuidos en México durante la crisis sanitaria y donados a instituciones públicas, pero una vez finalizada la emergencia, el registro sanitario provisional ya no aplicaba.
Aun así, Buenrostro señaló que la empresa siguió ofertándolos —incluso en plataformas digitales, lo cual encendió una investigación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).