La parálisis presupuestaria en Estados Unidos se agrava. El Gobierno Federal continuará cerrado al menos hasta el próximo lunes 6 de octubre, luego de que el Senado entrara en receso de fin de semana sin lograr aprobar ninguna de las dos propuestas de financiación presentadas el viernes.
Este fracaso en la Cámara Alta prolonga el shutdown, el primero en siete años, que comenzó el pasado miércoles por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. La próxima votación crítica para reabrir la Administración está programada para la tarde del lunes.
Cientos de miles de empleados afectados
La paralización tiene consecuencias directas e inmediatas para la fuerza laboral federal:
Al menos 900.000 trabajadores federales han sido suspendidos de sus labores.
Otros 700.000 empleados en puestos esenciales continúan trabajando, pero lo hacen sin recibir salario.
A pesar del cierre, los servicios críticos se mantienen operativos, incluyendo a los controladores aéreos, el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), así como las operaciones en Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Economía en la incertidumbre: Datos clave retrasados
Uno de los efectos colaterales más preocupantes es el impacto en la publicación de datos económicos esenciales. El cierre ya ha aplazado la difusión de las cifras de empleo de septiembre que debía emitir el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
De prolongarse la crisis más allá del lunes, peligra la difusión de la balanza comercial de EE. UU. (prevista para el martes) y, de forma crítica, la publicación a tiempo de los índices de inflación del 15 de octubre. Este retraso complicaría el monitoreo de la economía tanto para analistas como para la Reserva Federal (Fed), justo antes de su próxima reunión sobre tipos de interés.
La culpabilidad política y la amenaza de despidos
Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por la crisis. La mayoría republicana acusa a la oposición de forzar el cierre al negarse a ceder en las exigencias de mayor financiación para servicios sanitarios que, según alegan, beneficiarían a "inmigrantes ilegales" —una afirmación negada por los demócratas—.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha intensificado la tensión. El mandatario ha ordenado a la Oficina de Gestión y Presupuesto que identifique programas y personal clasificados como "no esenciales" para activar despidos si la paralización federal se extiende. Esta acción reafirma la amenaza de Trump de aprovechar el shutdown para reducir el tamaño de la administración pública.
