Revela NYT 'orden secreta' de Trump para atacar a cárteles de México y Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar directa contra ciertos cárteles del narcotráfico en América Latina, reveló The New York Times. 

Esta medida, considerada la más agresiva hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico, traslada una responsabilidad histórica de las fuerzas del orden a las fuerzas armadas estadounidenses, con el objetivo principal de frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

La orden, emitida sin anuncio público, permitiría a las fuerzas armadas ejecutar misiones directas tanto en el mar como en suelo extranjero, como en México y Venezuela. Funcionarios militares del Pentágono ya están trabajando en el diseño de posibles escenarios operativos.

El blanco de la orden secreta

En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a varias de estas agrupaciones. Entre los objetivos de esta directiva se encuentran organizaciones como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), así como influyentes cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noroeste (una escisión de Los Zetas), además de Cárteles Unidos.

Según el Departamento de Estado, estas designaciones, tomadas en consulta con el fiscal general y el secretario del Tesoro, se basan en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), afirmando que estos grupos representan una "amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos" de Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, afirmó que deben ser tratados como "organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico".

Implicaciones legales: un territorio ambiguo y riesgoso

La orden secreta ha encendido las alarmas entre expertos legales. Advierten que atacar objetivos fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría violar leyes internacionales y derivar en acusaciones de "asesinatos extrajudiciales". 

Se ha señalado que podría considerarse "asesinato" si las fuerzas estadounidenses mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso.

No hay claridad sobre la opinión legal de los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado respecto a esta nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido un dictamen autorizado. 

Los especialistas subrayan que, si bien el Congreso autorizó el uso de fuerza militar contra Al-Qaeda tras el 11 de septiembre, dicha autorización no se extiende automáticamente a todos los grupos que el ejecutivo califica de terroristas. Cualquier acción militar contra los cárteles presumiblemente se basaría en la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizás en relación con las sobredosis de fentanilo. La designación de un grupo como "terrorista" tampoco autoriza automáticamente el uso de fuerza letal.

Además, la medida genera preguntas sobre la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército estadounidense asumir funciones policiales dentro de Estados Unidos, salvo excepciones muy específicas.

Tensiones diplomáticas: El rechazo de México y precedentes históricos

Las implicaciones diplomáticas son igualmente significativas. En abril pasado, Trump propuso a la recién electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que permitiera al ejército estadounidense luchar contra los cárteles en territorio mexicano. Sin embargo, Sheinbaum rechazó rotundamente la idea, priorizando el diálogo y el trabajo conjunto.

Expertos como el contralmirante retirado James E. McPherson han enfatizado que el uso de fuerza militar sin el consentimiento del país afectado sería "una importante violación del derecho internacional", salvo excepciones muy específicas. Se recuerda el precedente de la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, que fue condenada por la ONU como "una flagrante violación del derecho internacional".

Existen divisiones dentro de la Casa Blanca sobre la estrategia hacia México: una facción impulsa una intervención militar para mostrar el poder de Estados Unidos, mientras que otra apuesta por el diálogo y el trabajo conjunto. La postura de Sheinbaum de buscar el diálogo fortalece a la segunda facción.

A pesar del rechazo mexicano, periodistas han constatado que militares estadounidenses ya se preparan en Fort Bliss, Texas, para una posible intervención en territorio mexicano, evaluando objetivos y el nivel de aceptación de tropas estadounidenses por parte de México, aunque esto no sea políticamente viable para el gobierno mexicano.

Contexto regional: Venezuela y la presión aumentada

La presión estadounidense no se limita a México. Recientemente, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles de Venezuela como organización terrorista y ha ligado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a esta agrupación criminal. Además, se ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. Algunos observadores consideran esto una advertencia de posible intervención bajo el pretexto del narcotráfico.

Durante su primer mandato, Trump ya había desplegado la Guardia Nacional y tropas activas en la frontera suroeste para combatir el flujo de drogas y migrantes. También intensificó las operaciones encubiertas con drones para localizar laboratorios de fentanilo en México, compartiendo la información con autoridades mexicanas, aunque sin autorizar ataques letales con estos drones. El Comando Norte del ejército estadounidense también ha incrementado la vigilancia aérea en la frontera.

La orden ejecutiva de Trump marca una escalada significativa en la "guerra contra las drogas", con profundas implicaciones legales y diplomáticas que podrían redefinir las relaciones de Estados Unidos con América Latina y sentar nuevos precedentes en el derecho internacional.