Sentencian a Castillo y Chávez a 11 años; ordenan captura de exministra
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú dictó este jueves una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el expresidente Pedro Castillo, al hallarlos culpables como coautores del delito de conspiración para rebelión.
El fallo judicial se deriva del fallido intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario ordenó el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia.
Tensión diplomática
Orden de captura contra asilada La sentencia añade un nuevo capítulo a la tensión política, ya que el tribunal emitió una nueva orden de búsqueda y captura inmediata contra Betssy Chávez. Sin embargo, la exfuncionaria se encuentra en calidad de asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima desde el pasado 3 de noviembre.
Hasta el momento, el Gobierno de transición de Perú, encabezado por el presidente interino José Jerí, no ha concedido el salvoconducto necesario para que Chávez pueda abandonar el país y viajar a territorio mexicano, lo que mantiene a la exministra bajo protección diplomática pero con una condena firme en su contra.
El rol de Chávez en el golpe Según la investigación judicial, quedó probado que la noche del 6 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres (también implicado), se reunieron en el Palacio de Gobierno para redactar el mensaje a la Nación que desencadenaría la crisis.
"Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la nación", señaló el fallo de la Corte.
Entre las acciones probadas contra Chávez se destacan
Coordinación mediática: Gestionó el ingreso "irregular" de periodistas del canal estatal TV Perú para la transmisión en vivo, ocultándoles el motivo real de la convocatoria.
Aislamiento del mandatario: Acordó con Castillo impedir el ingreso de otros ministros al despacho presidencial durante el anuncio, evidenciando su "rol de organización".
Complicidad: Al finalizar el mensaje golpista, las cámaras captaron un largo abrazo entre Chávez y Castillo; acto seguido, ella intentó emitir el decreto que materializaría las medidas inconstitucionales.
Sanciones adicionales y reducción de pena Además de la pena privativa de libertad, tanto Chávez como Castillo fueron inhabilitados por dos años para ejercer cargos públicos y deberán pagar, de manera solidaria junto a los demás implicados, una reparación civil al Estado de 12 millones de soles (aproximadamente 3.5 millones de dólares).
La condena final es significativamente menor a los 25 años que solicitaba originalmente la Fiscalía. Esto se debe a que, durante el juicio, el Ministerio Público reconoció la falta de elementos para sostener la acusación por el delito de "rebelión" (que implica levantamiento en armas), reclasificando la acusación a "conspiración para rebelión".
Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva desde su detención el mismo día del golpe, recibe así su primera condena mayor, marcando el fin judicial de su mandato interrumpido por la intentona autoritaria de 2022.
