La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió ayer dos acciones inconstitucionales y dos controversias en contra de la Ley de Seguridad Interior, la cual concede la intervención de las Fuerzas Armadas y de Marina para el combate de la delincuencia.
Esta vez las acciones fueron emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro; las otras dos controversias fueron por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Municipio de Parral en Chihuahua.
IMPONEN CONTROVERSIAS CONTRA LSI
Una de las demandas que recibió la Suprema Corte fue notificada el pasado 18 de enero de este año, la cual fue presentada por una minoría de diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Un día después, la Corte recibió la objeción por parte de un grupo de senadores, encabezados por el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, por el coordinador del PAN, Ernesto Ruffo, y por Luis Sánchez del PRD.
Los senadores expusieron ante la Corte que dicha ley violaba los derechos al favorecer a los Estados Unidos, incluso la denominaron “Ley Trump de Seguridad Interior”.
EN VIVO Entrega de la acción de inconstitucionalidad en contra de la #LeyDeSeguridadInterior https://t.co/MXm9GueaND
— Martha Tagle (@MarthaTagle) 19 de enero de 2018
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impuso la acción inconstitucional contra los artículos 9 y 31 de la LSI.
#INAIinforma Artículos 9 y 31 de #LeyDeSeguridadInterior vulneran derechos de acceso a la información y de protección de datos.
— INAI (@INAImexico) 22 de enero de 2018
Comunicado: https://t.co/wiAz19b4I5 pic.twitter.com/iLWer7zpbI
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La última controversia constitucional fue designada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde la ombudsman capitalina, Nashieli Ramírez, exponen que la LSI obliga a los organismos autónomos a entregar datos personales, lo que pone en riesgo la seguridad de las víctimas.
“Hay una disposición sobre la obligación que tenemos de dar datos cuando nosotros somos un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos de personas sujetas a proceso y de protección de sus datos, vida e integridad física, entonces presentamos esta controversia, porque estos artículos invaden nuestra competencia”, señaló Nashieli Ramírez.
De acuerdo con el Senado de la República, la Ley de Seguridad Interior concede al Estado mexicano la autoridad para resguardar la permanencia y continuidad de las órdenes de gobierno e institucionales, con la finalidad de normalizar la función del Estado para salvaguardar la Seguridad Interior.
LA SOLUCIÓN DE LA CORTE
Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con un plazo para aportar una resolución a las controversias, ya que se requiere los votos de ocho ministros.
