Por Gerson Gómez
Ayotzinapa a ocho años es un asunto serio. Todo municipio donde el crimen organizado se asienta le resta poder a la población civil.
No sorprende el CJNG con presencia en 27 estados. Igual se coló en la estructura del Golfo, la organización paramilitar de Los Zetas.
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, además de su colindancia, la cercanía con la capital del país, son entidades indígenas y con rezago desde la época de colonial.
Sus habitantes aspiran al bien. Muchos de ellos por generaciones han emigrado a los Estados Unidos. Quienes resisten les quedan pocos campos para laborar. Entre ellos la docencia, la milicia, las milpas o el crimen organizado.
Los usos y costumbres, de muchos de los municipios, les imponen leyes no escritas, sino adaptadas a la mayordomía del alcohol en las fiestas patronales, la ignorancia y los sufragios coludidos con quienes les sujetan la supervivencia.
Caciques de apellidos aún vigentes, guerrilleros y sindicalistas, mantienen una lucha social inacabada. La tragedia de los estudiantes normalistas en Guerrero, de la Isidro Burgos, es terrible.
Los desaparecidos indudablemente fueron masacrados con la venia del municipio de Iguala, con el conocimiento del gobierno del estado y con la participación de la guarnición del ejército mexicano con los criminales de los Guerreros Unidos.
Pero de eso, a culpar a la 4T de inacción es grave. Andrés Manuel tiene en su escritorio los nombres de los responsables. Gobernación también lo sabe. Incluso Alfonso Durazo gobernador de Sonora y la Senadora Olga Sánchez Cordero. También Peña Nieto. La casta panista y las tribus del PRD.
Hasta la DEA y las áreas de inteligencia norteamericana saben los nombres. Algunos delitos de lesa humanidad, como este, jamás prescriben.
Fue el estado fallido. La nación entera. Les fallamos.
