Por Moris Beracha
El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha dicho reiteradamente —y así lo ha reseñado el portal CriptoNoticias— que el Bitcoin es un activo financiero que debería estar presente en cualquier portafolio de inversión. Y va más lejos: lo considera el oro del mundo moderno.
El fundador del Grupo Salinas, en una entrevista con el director de Blockchain Land, José Rodríguez, hizo énfasis en que el Bitcoin “es un activo que tiene propiedades extraordinarias”. Ahora, lo cierto es que él no es el único que ha expresado esa opinión. Son tal las ventajas que tiene el Bitcoin que efectivamente se le puede considerar un “oro” para el mundo actual.
Sin embargo, hace pocos días el Gobierno de México, en su portal de prevención de lavado de dinero, reiteró la obligatoriedad de los proveedores de servicios de activos virtuales, entre los que se incluyen los exchanges de Bitcoin y otras criptomonedas, de presentar avisos sobre ciertas operaciones.
Según el instructivo, tienen que informar aquellas transacciones que superen un monto cercano a los 87 mil dólares, aun cuando “la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país”. El propósito, señalan, es combatir el lavado de activos.
Sin embargo, en la región no solo México aplica medidas más estrictas para la regulación de las criptomonedas. Países como Argentina, Colombia y Uruguay también lo tienen en agenda.
El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández prevé impulsar una legislación para evitar que las provincias decidan desarrollar sus propias leyes, como el “impuestazo cripto”, promulgado por la legislatura de Córdoba, y el proyecto entregado por el gobernador de Cajamarca, mediante el cual se pretende “tokenizar” la actividad productiva, entre ellas la minera.
El hecho es que ante el Congreso Nacional de Argentina circulan dos proyectos de ley, impulsados por diputados de la oposición y del oficialismo. Uno de los documentos establece, entre otros aspectos, la creación de casas de cambio destinadas a la compra y venta de criptoactivos y otorgar seguridad jurídica para llamar la atención de fondos extranjeros para que inviertan en empresas cripto locales.
No obstante, hasta ahora no es mucho lo que se ha avanzado esa materia, por lo que autoridades locales argentinas han señalado que una normativa para el Bitcoin y las criptomonedas es un tema que se debe abordar con celeridad.
En Uruguay también está en marcha en una potencial regulación para el Bitcoin. A principios de este mes se dio a conocer que comenzaría a debatirse un proyecto de ley para regular todas las actividades relacionadas con ese criptoactivo y el resto de criptomonedas, el cual abarcaría aspectos relacionados con el trading y la minería. De aprobarse esa ley, la emisión de licencias y permisos relacionados con el mundo de las divisas virtuales recaería sobre la Presidencia de la República.
En el caso de Colombia, uno de sus congresistas, Mauricio Toro, anunció hace unos días que su propuesta de ley para regular Bitcoin y otras criptomonedas volvía al congreso de ese país. La propuesta tiene al menos dos años sin que se concretara en su avance.
No obstante, previo a esa declaración, Colombia ya había ocupado los titulares de los principales medios financieros y tecnológicos a raíz de la aprobación, por parte de la Superintendencia Financiera, de un plan piloto que permite a esa instancia durante todo un año explorar, medir y analizar el comportamiento y los riesgos del empleo de las monedas electrónicas.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades colombianas, es ofrecer un mayor grado de seguridad y confianza para los inversionistas, ya que las transacciones se realizan mediante alianzas entre las plataformas especializadas y los bancos.
Visto lo anterior, esto nos lleva a la pregunta de si se debe regular o no el mercado de las criptomonedas. A lo que respondemos: si bien las normativas son necesarias, la intención no debería ser restringir esta actividad indiscriminadamente o poner trabas excesivas en detrimento de las inversiones y el crecimiento económico. Lo importante de las regulaciones es garantizar transparencia, seguridad, confianza y eficacia, lo cual brindaría, sin duda alguna, mayores incentivos tanto a los inversionistas como a los países donde se realizan estas operaciones.
