La controversia constitucional promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en contra de la Ley de Seguridad Interior, fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser considerada como improcedente por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Señaló que dentro del artículo 105 de la Constitución General no existe ningún supuesto que estipule que la instancia que interpuso la controversia tenga carácter de órgano constitucional autónomo.
Las controversias interpuestas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Defensora de los Derechos Humanos de Querétaro contra esta ley también fueron desestimadas.
Mientras tanto, las promovidas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las alcaldías de Parral, en Hidalgo y Cholula, en Puebla, sí han sido admitidas.
PARTIDOS TAMBIÉN PRESENTAN CONTROVERSIAS
La Suprema Corte también recibió una demanda contra la Ley de Seguridad Interior presentada por algunos diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) y de un grupo de senadores, encabezados por el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, por el coordinador del PAN, Ernesto Ruffo, y por Luis Sánchez del PRD.
Los senadores expusieron ante la Corte que dicha ley violaba los derechos al favorecer a los Estados Unidos, incluso la denominaron “Ley Trump de Seguridad Interior”.
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LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
El Presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación la Ley de Seguridad Interior para que se decida su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 21 de diciembre en medio de la polémica contra su aprobación.
Señaló que está consciente que este ordenamiento es sensible para el país, por lo que no emitirá la declaratoria de los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad.
El mandatario mexicano indicó que ahora la resolución definitiva quedará en manos de la SCJN.
Aclaró que la Ley de Seguridad Nacional no exime a las autoridades locales de llevar a cabo el cumplimiento de su responsabilidad.
